WASHINGTON D.C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un presupuesto de 1,1 billones de dólares para el gasto gubernamental el jueves por la noche luego de que el presidente Barack Obama y los republicanos unieran fuerzas para neutralizar las quejas de los demócratas en el sentido de que la ley levanta algunas restricciones a los bancos y permite que grandes donantes hagan mayores contribuciones a campañas políticas.
La votación de 219 contra 206 permite que la ley pase al Senado, donde se registrará un nuevo duelo entre demócratas y republicanos. Se tratará de la última medida presentada por un Congreso que se distinguió más por el enfrentamiento que por los acuerdos. Horas antes de la votación, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo una inusual crítica a Obama, de quien se dijo "enormemente decepcionada" porque había decidido apoyar una legislación que describió como un intento de chantaje de los republicanos.
La Casa Blanca indicó cuáles eran sus objeciones a la propuesta relacionada con los bancos y otras fracciones de la ley en un comunicado. No obstante, el presidente y el vicepresidente Joe Biden llamaron a congresistas de su partido para asegurar que la medida tuviera el apoyo necesario para ser aprobada, y Obama salió de una fiesta para hacer llamadas de último minuto.
Además del financiamiento para el gobierno, la ley también marca el camino para algunos planes de pensiones que lucían inestables. A pesar del drama de la jornada, 57 demócratas apoyaron la iniciativa. El brote de rebeldía entre los demócratas puso a los republicanos en una posición poco habitual, de observadores en lugar de participantes debido a que el financiamiento al gobierno cesaría a medianoche.
Pese a eso no hubo amenaza de cierre de los servicios federales ni la sensación de peligro inminente que hubo en otras ocasiones similares. Por el contrario, los republicanos hicieron saber que disponían de una medida que daba un plazo adicional de 48 horas al financiamiento actual en caso necesario.
Horas antes de la votación congresistas conservadores seguían descontentos porque los líderes del partido no usaron la propuesta de ley para tratar de bloquear las órdenes ejecutivas del presidente Obama sobre inmigración. El presidente de la cámara baja, John Boehner, condujo al ruidoso pleno de la Cámara tratando de cerciorarse de que hubiera suficientes votos de su partido para aprobar el presupuesto.
La ley prevé un presupuesto de 1,1 billones de dólares para el funcionamiento del gobierno hasta el fin del año fiscal, el próximo 30 de septiembre y asegura recortes negociados recientemente entre la Casa Blanca y los legisladores más cercanos al conservador tea party.
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La única excepción corresponde al Departamento de Seguridad Nacional, que sólo cuenta con financiamiento hasta el 27 de febrero, cuando no habrá peligro de cierre del gobierno y cuando los republicanos esperan poder obligar al presidente a retractarse de sus medidas en materia de inmigración que promete dar visas a unas cinco millones de personas que viven en el país sin autorización.
Una parte de la ley dirigida a fortalecer débiles fondos de pensiones permitirá que se reduzcan los pagos a jubilados actuales, y quienes la respaldaron dijeron que era parte de un esfuerzo para prevenir el lento derrumbe del sistema que provee ingresos a millones de jubilados.
"El sistema de pensiones es una bomba de tiempo", dijo el republicano John Kline, quien negoció el acuerdo con el demócrata George Miller. La Corporación de Beneficios de Pensiones, que administra los planes de retiro de trabajadores, calcula que al fondo que respalda los pagos a jubilados le hacen falta 42.400 millones de dólares para contar con los recursos necesarios para cubrir los pagos de los planes que han fallado o fallarán.
Miller dijo que la ley permitirá a los jubilados tener el derecho de votar anticipadamente para entrar a una restructuración que reducirá sus beneficios. Él, Kline y otros dijeron que la alternativa era aceptar una reducción en los beneficios aún mayor. Más de 10 millones de personas están cubiertas por planes de varios patrones que involucran acuerdos entre sindicatos y grupos de empresas, principalmente en los sectores del transporte y la construcción.
