Aerolíneas

Gobierno de Trump acuerda rescate de 25,000 millones con aerolíneas

American Airlines, por ejemplo, recibiría 5,500 millones de dólares, mientras que Soutwest Airlines 3,200 millones.

EFE

WASHINGTON - El Gobierno de Donald Trump alcanzó este martes un acuerdo de rescate con las principales aerolíneas de pasajeros estadounidenses, uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19, según un comunicado del Departamento del Tesoro, en el que no se precisó el monto.

El rescate, según medios estadounidenses, asciende a unos 25,000 millones de dólares y tiene como objetivo que las compañías puedan afrontar el pago de nóminas.

Las aerolíneas incluidas en el acuerdo son American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines, Allegiant Air, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, SkyWest Airlines y Southwest Airlines.

American Airlines, por ejemplo, recibirá 5,500 millones de dólares, mientras que Soutwest Airlines 3,200 millones.

Este dinero sale del paquete de estímulo económico de 2,2 billones de dólares pactado y aprobado a finales del pasado marzo por la Casa Blanca y el Congreso, el mayor de la historia de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en el comunicado que el programa "apoyará a los trabajadores estadounidenses y ayudará a preservar la importancia estratégica de la industria de las aerolíneas, al tiempo que permitirá una compensación adecuada a los contribuyentes".

El gobernador de California señala que hay varios parámetros que intentarán obtener para que sea seguro reabrir el estado.

Mnuchin también detalló que siguen las negociaciones para ampliar el acuerdo con aerolíneas de pasajeros de menor tamaño y con empresas de transporte de mercancías.

Según el paquete de estímulo económico, las empresas privadas que reciban las ayudas del Gobierno deberán mantener el 90 % de la plantilla que tenían a fecha del 24 de marzo y restablecer, una vez pase el estado de emergencia, el 90 % de la plantilla que tenían a 1 de febrero. Los empleados deberán mantener su sueldo íntegro.

Las compañías también deberán compensar al Gobierno con parte de su propiedad a través de participaciones patrimoniales o con deuda prioritaria.

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