ARIZONA - Una ley aprobada por votantes de Arizona que negaba a inmigrantes indocumentados la posibilidad de salir bajo fianza cuando se les acusara de crímenes como hurto en tiendas, robo de identidad agravado, abuso sexual y homicidio, fue desechada por una corte de apelaciones. Un panel de 11 miembros de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito dijo el miércoles que la ley viola los derechos de debido proceso al imponer un castigo antes de que el acusado sea sometido a juicio. Los promotores de la ley de 2006 señalan que la legislación previene que personas que no cuentan con permiso para residir en el país puedan salir bajo fianza para cometer más delitos. Críticos dice que la verdadera intención de la ley es castigar a los inmigrantes antes de que se les declare culpables de crímenes. La ley fue aprobada con 78% de los votos y estuvo entre cuatro propuestas sobre inmigración aprobada por ciudadanos del estado en 2006. Las otras medidas declaraban al inglés la lengua oficial del estado, prohibían que inmigrantes sin residencia legal recibieran compensación por daños en demandas y prohibían que se les diera ciertos servicios y beneficios del gobierno. [Nota relacionada: "La Bestia", primera etapa del sueño americano] Arizona es uno de al menos cuatro estados donde hay leyes que niegan el derecho a fianza a personas que están en el país sin residencia legal. La ley de Arizona fue propuesta por el entonces congresista local Russell Pearce, quien posteriormente, en 2010, tuvo éxito al proponer una ley de aplicación de políticas de inmigración para el estado. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos sostiene que los inmigrantes son retenidos injustamente y se les niegan sus derechos constitucionales fundamentales mientras que a otros se les permite pagar fianzas para que queden libres antes de su juicio. Los opositores a la ley señalan que la decisión de la legislatura para que la medida fuera puesta a votación popular estaba permeada por el intento de castigar a personas que se encuentran en el país sin residencia legal. También sostienen que la ley federal tiene preminencia sobre la estatal.
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