En cuanto se siente en la oficina oval, el presidente electo, Donald Trump, podrá usar su poder administrativo para terminar con la acción diferida que protege de la deportación a casi 750,000 jóvenes.
El mismo 20 de enero, el magnate podría ordenar al Departamento de Seguridad Nacional, anular la orden dada por el saliente presidente Obama en el 2012.
Además, existe la promesa de deportar a indocumentados con récord criminal.
El presidente electo también puede ordenar, desde el primer minuto, que se aceleren las deportaciones, a través de la dependencia conocida como ICE.
Pero otros, como el congresista Luis Gutiérrez, sostienen que las deportaciones aceleradas pueden ser ilegales si no las decide un juez.
La construcción de un muro en la frontera sur se haría realidad, según Trump, más temprano que tarde. Pero para acelerar las deportaciones y construir el muro, harían falta más fondos, y Trump tendría que hacer la petición al Congreso.
