El Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta este lunes un recurso legal contra la orden de un juez de Texas, Andrew Hanen, que suspendió la acción ejecutiva del presidente Obama sobre inmigración y que afecta a unos cinco millones de indocumentados.
El objetivo gubernamental es la entrada en vigor de los programas DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales) mientras se ventila el caso en los tribunales.
Por eso el gobierno va a presentar este lunes una petición de emergencia, primero ante el juez Hanen, que ordenó la suspensión y, en caso de rechazo, a la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, la petición de emergencia no implica que se resuelva de un día para otro, aunque hay cierto optimismo.
Según el abogado de inmigración Luis Paoli, el asunto tendrían que resolverlo fiscales experimentados en el tema constitucional, porque se trata de un tema constitucional de división de poderes.
El Congreso también se opone a la acción ejecutiva del presidente Obama y ha amenazado con dejar al Departamento de Seguridad Nacional sin fondos.
El Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, opinó que sería absurdo poner en peligro la seguridad, dado el contexto internacional actual.
