Juez “duro” revisará acción ejecutiva

Juez en caso inmigración criticó al gobierno

El juez federal asignado para decidir sobre una demanda en torno a los cambios en materia migratoria que hizo el presidente, Barack Obama, acusó el año pasado al gobierno de participar en conspiraciones criminales para llevar al país niños de contrabando al reunirlos con los padres que vivían en el país de manera ilegal.
 
Esta posición ha llevado a algunos defensores de los inmigrantes a calificar como "duro" al juez de distrito Andrew Hanen.
 
En el caso iniciado el año pasado, el juez Hanen sugirió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debería arrestar a los padres que estaban de forma ilegal en Estados Unidos y que inducían a sus hijos a cruzar la frontera de forma ilegal, y a menudo pagaban el viaje. En cambio, el gobierno ha tendido en general a reunir a esos menores con sus parientes en Estados Unidos de manera temporal mientras avanzan los procesos de deportación, que pueden llevar años.
 
"El DHS simplemente ha decidido no aplicar las leyes de seguridad fronteriza de Estados Unidos", escribió el juez. El magistrado señaló que no aplicar las normas era "tanto peligroso como inconsciente", aunque señaló que "este tribunal no toma ninguna postura en el tema de la reforma de inmigración, ni debe interpretarse esta opinión como un comentario sobre ese tema".
 
Hanen fue asignado a través de un sistema automático para presidir una demanda presentada por 20 estados que intentaban bloquear las medidas ejecutivas de Obama para eximir de la deportación a casi 5 millones de personas y redirigir los esfuerzos de las autoridades hacia "delincuentes, no familias". Hanen es uno de los dos únicos jueces en la división de Brownsville en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, así que se le asignan la mitad de los casos civiles presentados allí.
 
El pasado diciembre, Hanen escribió un veredicto de 10 páginas en un caso de tráfico de personas en el que expresó su frustración por cuatro casos en un mes en los que un menor que había llegado solo y de forma ilegal había sido reunido con un progenitor que también estaba en el país en situación irregular.
 
"En lugar de arrestar (a la madre del menor) por instigar la conspiración para violar nuestras leyes de seguridad de frontera, el (DHS) le entregó a su hijo, por lo tanto completando con éxito la misión de la conspiración criminal", indicó Hanen.
 
El juez comparó los casos con un escenario en el que el gobierno incautara armas pasadas de contrabando por la frontera y las entregara a los delincuentes en Estados Unidos que las habían encargado.
 
El fallo subrayó el creciente problema de los niños detenidos tras cruzar la frontera sin acompañante en el sur de Texas. Durante el año fiscal terminado en septiembre, el gobierno capturó a más de 68.000 menores sin acompañante en la frontera.
 
Texas lidera a una coalición de estados que han demandado al gobierno. En la demanda presentada la semana pasada, alegan que la decisión de Obama "pisotea" partes clave de la Constitución. Los estados, como Arizona, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana y las Carolinas, no piden una indemnización, pero quieren que Hanen bloquee la medida del presidente.
 
Obama anunció las acciones ejecutivas en noviembre, diciendo que la falta de acción en el Congreso le había forzado a hacer amplios cambios en las normas migratorias por su cuenta.
 

La reforma no legaliza la situación de los inmigrantes ni les concede una "green card" (tarjeta de residencia permanente), pero millones de personas que cumplen los requisitos podrán solicitar permiso para quedarse en el país durante hasta tres años y conseguir un permiso de trabajo. 

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