WASHINGTON -- Los Republicanos en la Cámara de Representantes quieren recortar el presupuesto de emergencia que el presidente Barack Obama solicitó para atender la crisis en la frontera, acelerar la deportación de menores inmigrantes hacia Centroamérica y enviar a la Guardia Nacional a la zona.
Las propuestas presentadas el miércoles representan el rechazo a la solución propuesta por Obama al incremento de la inmigración de menores. Los señalamientos pusieron al Congreso en curso de colisión con el Senado controlado por los demócratas, y aumentaron la posibilidad de que los esfuerzos en la legislatura para resolver la crisis en la frontera sur se estanquen.
"Si no se hace algo para arreglar el problema, no sé cómo podemos contar con la capacidad de darle al presidente más dinero", dijo el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, poco después de que los legisladores analizaran los pasos para responder a la oleada de miles de menores que cruzan el río Bravo. "El presidente está pidiendo un cheque en blanco".
Además no está claro si la cámara baja podrá aprobar la propuesta que el miércoles elaboró el grupo de trabajo creado por Boehner.
Los legisladores conservadores expresaron sus objeciones, y el representante John Fleming, de Louisiana, dijo que Boehner avisó a los republicanos que no ha decidido si presentará el plan ante el pleno porque no sabe si contará con suficientes votos para su aprobación.
Mo Brooks, representante por Alaska, dijo que no podía apoyar la propuesta de Obama y se quejó de que el presidente ha convertido a Estados Unidos en el "amante adinerado del mundo".
Varios congresistas republicanos dijeron que el plan de la cámara baja costaría 1.5 millones de dólares, en comparación con los 3.7 millones que pide Obama para contratar a más jueces de inmigración, abrir centros de detención y tener otros recursos con el fin de atender a los menores sin compañía.
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Un plan elaborado por la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, que dirige la demócrata Barbara Mikulski, tendría un costo de 2.7 millones de dólares.
Pero el mayor conflicto entre la Cámara de Representantes y el Senado no es por los costos sino por las políticas.
Mikulski, de Maryland, dijo que omitió de su propuesta cualquier cambio a una ley de víctimas de trata de 2008 a la que los republicanos culpan de contribuir a la crisis al permitir que los menores centroamericanos se queden indefinidamente en el país hasta tener una audiencia de deportación en la corte.
Los republicanos exigen que la ley sea modificada a cambio de aprobar el presupuesto especial pedido por el presidente.
"Se pueden hacer cambios a la ley para agilizar el proceso de deportación, al tiempo que se asegura que cuente con las protecciones adecuadas para los menores que las necesitan", dijo la representante republicana Kay Granger, de Texas, quien encabeza el grupo creado por Boehner.
Todo parece encaminarse al estancamiento cuando queda poco tiempo para resolver el problema porque el receso anual del Congreso está a la vuelta de la esquina.
"Desafortunadamente, parece que vamos en camino a hacer absolutamente nada", dijo el senador John Cornyn, republicano de Texas.
Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional piden que se tomen medidas porque el aumento en la inmigración ha provocado que las agencias que atienden el fenómeno estén a punto de quedarse sin dinero.
"El que el Congreso no haga nada no es una opción", dijo el martes el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.
Más de 57,000 menores sin compañía han llegado a Estados Unidos desde octubre, la mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala.
