WASHINGTON — El sistema federal de cortes de inmigración debe ser separado del Departamento de Justicia y operado independientemente de esa entidad, dijeron los dos principales líderes del sindicato de jueces de inmigración.
La jueza Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que estos profesionales son árbitros en los casos de deportación que alegan los abogados del Departamento de Seguridad Nacional, pero también se les considera abogados del gobierno.
Como empleados de la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria (EOIR) del Departamento de Justicia, dijo Marks, el doble papel de los jueces tiene el potencial de afectar la independencia de jueces que deben ser árbitros neutrales en un sistema judicial complejo.
"Nuestra meta es ser un tribunal neutral, pero paradójicamente somos parte de la entidad que hace cumplir las leyes", dijo Marks.
Y con frecuencia las decisiones sobre cómo funcionan los tribunales de inmigración se toman fuera del sistema judicial.
Marks dijo que un ejemplo de esto es la reciente decisión del gobierno del presidente Barack Obama de hacer que las cortes de inmigración comiencen a escuchar antes que cualquier otro caso los de los niños migrantes recién detenidos mientras cruzaban solos la frontera.
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La jueza dijo que no existe otro sistema judicial en que se permita al gobierno cambiar radicalmente el orden de los expedientes para dar prioridad a ciertos casos. Marks, que trabaja en San Francisco, habló recientemente en el Club Nacional de la Prensa con Denise Noonan Slavin, jueza de Miami y vicepresidenta ejecutiva del sindicato.
La EOIR expresó en un comunicado que el sistema de cortes de inmigración está diseñado para que el Departamento de Justicia lo maneje y que separar la oficina "necesitaría una gran cantidad de recursos".
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El tipo de adjudicaciones administrativas que realiza la EOIR están creadas para manejarse dentro de la estructura del Departamento de Justicia y haría falta una enorme cantidad de recursos para crear una entidad separada de la rama ejecutiva.
Más allá de los posibles conflictos de interés, las juezas dijeron que la EOIR y el sistema judicial llevan muchos años sin los fondos que necesitan, lo que ha contribuido a un atraso de más de 375,000 casos.
Debido a ese atraso, es posible que casos de inmigración demoren años en resolverse.
