HOUSTON – Un grupo de siete hispanos de Texas y varias organizaciones civiles de inmigrantes demandaron al Gobernador, al Fiscal y al Secretario de Estado de Texas por haberlos incluido en un listado de cerca de 95,000 personas sospechosos de haber votado ilegalmente.
Estas personas fueron incluidas en un listado de “posibles no ciudadanos” a quienes se les dio –recientemente- un plazo de 30 días para demostrar que sí tenían derecho a ejercer el sufragio.
Este listado presentado por las autoridades de Texas buscaba que las autoridades electorales de cada condado retiraran del registro de votantes a estas personas si no se demostraba su condición de ciudadanos estadounidenses.
Julieta Garibay del condado Travis, Eleana Keane del condado Galveston, María Yolisma García y Lorena Tule-Romain del condado Dallas, Abraham Espinosa del condado Harris, Viridiana Tule y Efrén Gómez del condado Bexar son los siete hispanos que presentaron la demanda ante la Corte Federal del Distrito Sur en Corpus Christi.
La demanda es respaldada por las organizaciones Southwest Voter Registration Project, Mi Familia Vota y la Unión del Pueblo Entero.
Los demandantes argumentan que se les provocó un daño al cuestionar su legitimidad para votar y al ponerlos en un listado de “posibles no ciudadanos”.
Solo en el condado Harris se reportaron unos 30,000 “posibles no ciudadanos” a quienes se les exigió demostrar su ciudadanía.
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Según las indagaciones iniciales hechas en el condado, más del 60% ya evidenció que sí son estadounidenses naturalizados y por lo tanto tienen derecho a votar.
Situación similar se ha presentado a lo largo y ancho del estado.
