SB 4 Texas

San Antonio pagará $300,000 por demanda sobre la liberación de 12 migrantes indocumentados

El procurador general de Texas, Ken Paxton, presentó la demanda por una supuesta violación a la ley SB 4.

Telemundo

SAN ANTONIO – La Ciudad de San Antonio estaría dando fin a una polémica que se extendió por varios años después de que la policía local pusiera en libertad a 12 migrantes indocumentados.

Este jueves, el Concilio votó a favor de un acuerdo de $300,000 para cerrar la demanda presentada en 2018 por el procurador general de Texas, Ken Paxton, que acusaba al jefe de la policía, William McManus, y a la Ciudad de San Antonio de quebrantar la ley SB 4.

El incidente ocurrió el 23 de diciembre, 2017, cuando los migrantes indocumentados fueron encontrados dentro un tráiler, interrogados y después liberados a Caridades Católicas. El conductor del camión, identificado como Herbert Alan Nichols, fue arrestado bajo cargos de contrabando de humanos por trasladar al grupo desde Laredo hasta San Antonio.

Según la demanda, la policía de San Antonio tenía la responsabilidad de notificar a las autoridades federales sobre el hallazgo de los migrantes, en lugar de ponerlos en libertad.

Días después del incidente, McManus aseguró en una conferencia de prensa que tomó esa decisión basándose en lo que su departamento aprendió meses antes, cuando 10 migrantes indocumentados murieron en el remolque de un tráiler encontrado en un Walmart del suroeste de San Antonio.

El Concilio decidió llegar a un acuerdo con el Estado para evitar extender el litigio, algo que pudiera haberle costado hasta $150 millones a la Ciudad en gastos en la corte, honorarios de abogados, y multas.

¿QUÉ ES LA SB 4?

La SB 4 fue aprobada por el gobernador Greg Abbott en mayo de 2017 y:

  • Prohíbe las ciudades santuario en Texas
  • Requiere la colaboración de las autoridades locales con agentes de inmigración
  • Brinda a la policía el derecho de cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio durante una detención rutinaria
  • Penaliza a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cumplir las leyes migratorias federales
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