AUSTIN - Los abogados del reo nicaragüense Bernardo Tercero pidieron que se suspenda su ejecución, programada para el 26 de agosto en Texas, al considerar que sufre problemas mentales y que llevarla a cabo infringiría la Constitución, que prohíbe ajusticiamientos "crueles e inusuales".
En la moción, presentada ante el Tribunal del Distrito del condado de Harris, en el que Tercero fue condenado en el año 2000, los letrados Walter Long y Michael Charlton recogieron la opinión de "dos expertos independientes" que avalaron un "largo historial de problemas mentales" y de tratamiento con psicofármacos del preso.
Según los testimonios de estos expertos, a los que tuvo acceso Efe, el nicaragüense sufre estrés postraumático, depresión y delirios, además de indicios de esquizofrenia.
"Su historial médico y sus síntomas actuales sugieren que su perfil cumple los requisitos para diagnósticos más severos", apuntó el psiquiatra Antolín Llorente, uno de los expertos en salud mental que visitaron al preso en la cárcel.
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Los letrados recordaron en la moción que, "desde el momento de su ingreso en el corredor de la muerte, Tercero recibió un intenso tratamiento psiquiátrico y psicológico" por parte del personal de la cárcel Polunsky Unit.
Además, alegaron que su falta de "fluidez" en inglés, recogida en los archivos carcelarios, impidió un diagnóstico acotado de su caso.
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En el informe médico presentado ante el tribunal, el doctor Llorente concluyó que, en su estado actual, Tercero "no entendería las razones que lo llevan a la ejecución y, de hecho, asociaría su condena a 'fuerzas oscuras'".
Es por eso que, en la opinión de Llorente, "sin un tratamiento médico para reducir sus síntomas psicóticos, (Tercero) no es competente para la ejecución".
De este modo, la defensa de Tercero se aferró a la octava enmienda de la Constitución, un recurso habitual en los casos de pena de muerte, ya que protege a los ciudadanos de castigos "crueles e inusuales", como sería ejecutar a un enfermo mental.
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Con este argumento, los abogados solicitaron suspender la ejecución o retrasarla para "permitir un examen psicológico completo".
En caso de que el Tribunal del Distrito del condado de Harris rechace la moción, los letrados la presentarán ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, una instancia superior que en los últimos meses ya ha suspendido varias ejecuciones.
El nicaragüense fue condenado a muerte por un asesinato cometido el 31 de marzo 1997, cuando irrumpió en una lavandería de Houston con el objetivo de cometer un atraco y se enzarzó en una pelea con un cliente del negocio, Robert Berger, al que disparó.
Berger estaba acompañado de su hija de tres años en el momento del suceso.
El caso ha despertado mucho interés en Nicaragua, cuyo presidente Daniel Ortega, envió el mes pasado una carta a su homólogo estadounidense, Barack Obama, pidiendo clemencia para el preso.
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