NUEVA ORLEANS, Luisiana - Los abogados de Texas están pidiendo a un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleáns que entre en vigor la ley estatal que prohíbe las "ciudades santuario".
El juez de distrito Orlando García bloqueó gran parte de la ley el 31 de agosto, el día antes de que entrara en vigor.
Este viernes, los abogados pidieron a tres jueces del V Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que permitan que la ley entre en vigor antes de una audiencia de apelación en noviembre.
Bajo la ley, los jefes de policía de Texas podrían enfrentar la destitución y cargos criminales por no cumplir con las solicitudes de los funcionarios federales de inmigración para retener a personas encarceladas por delitos no relacionados a la inmigración.
Varios gobiernos locales en Texas están luchando contra la ley, que también permite a la policía indagar sobre el estatus migratorio de las personas durante las interacciones de rutina, como las paradas de tránsito, una disposición que García no bloqueó.
Funcionarios municipales de San Antonio, Dallas, Houston, El Paso y Austin están entre los opositores. La Unión Americana de Libertades Civiles está luchando contra la ley en nombre de la ciudad de El Cenizo. La Mexican American Legal Defense representa a otras localidades.
El Procurador General, Jeff Sessions, ha elogiado la ley de Texas y el Departamento de Justicia presentó argumentos en apoyo de ella, al igual que los fiscales generales de varios estados.
Local
Los opositores de la ley argumentan en escritos que ésta pone a los agentes del orden en violación de la Cuarta Enmienda, exigiéndoles que detengan a personas sospechosas de inmigración ilegal sin causa probable. También sostienen que ilegalmente pone a la policía local en el papel federal de agentes de la ley de inmigración y que es inconstitucionalmente vago en cuanto a cuándo un oficial de policía local violaría la ley.
Los partidarios de la ley estatal dicen que los funcionarios de inmigración ya han determinado la causa probable cuando buscan que los funcionarios locales detengan a alguien. También sostienen que los funcionarios federales y locales tienen una larga historia de cooperación en asuntos de inmigración y que la ley es clara en su prohibición contra las políticas del gobierno local que restringen la aplicación de la ley de inmigración.
La ley, conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado, habría entrado en vigor el 1 de septiembre si García no hubiera emitido una suspensión un día antes.
La medida ganó el paso en la Legislatura de Texas, controlada por los republicanos, y fue firmada por el gobernador republicano Greg Abbott a pesar de la oposición de los grupos empresariales, que temía que podría causar una escasez de mano de obra y enviar un mensaje económico negativo.
