Cuando este jueves el gobierno de México conmemore el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana lo hará en condiciones muy distintas a las que acostumbraba.
Desde el miércoles el gobierno federal acordó suspender el tradición desfile deportivo que se realizaba en el centro de la ciudad como acto central de las conmemoraciones revolucionarias. En su lugar habrá una ceremonia en el Campo Militar Marte, que se localiza en la Avenida Paseo de la Reforma, muy cerca de Chapultepec, y que es un espacio resguardado por militares.
Mientras, la organización de las manifestaciones avanzan con una creciente fuerza de convocatoria a través de las redes sociales.
La primera de ellas se define como paro activo y surgió el viernes durante una concentración en el Ángel de la Independencia, cuando se convocó a salir a la calle vestidos de negro, en señal de luto, a todos los mexicanos que viven desde Baja California hasta Quintana Roo.
La segunda línea de acción se denomina “Paro Nacional 20 de Noviembre MX", y ha sido convocada por diferentes organizaciones autodenominadas de izquierda, que exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto antes del 1 de diciembre, además de que llaman a no trabajar, no comprar, no usar el celular, no ir a la escuela, no ver televisión ni usar transporte público.
Uno de los carteles que circulan en redes sociales para convocar este jueves al paro nacional.
Del deseo popular a la realidad jurídica
Si bien es cierto que en México se siente la indignación ciudadana, aunada al desánimo y a un deseo de poner fin a acciones que han terminado en la desaparición de más de 26 mil personas en los últimos años, según cifras oficiales, también es un hecho que a unas horas de que inicien las movilizaciones no hay una estadística sólida que permita saber qué tan fuerte es el movimiento que exige la renuncia de Peña Nieto.
Y es que aun cuando la renuncia de un presidente es algo contemplado por la ley, el Artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es precisa al respecto: “El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
La Constitución mexicana establece los procedimientos que deben cumplirse en caso de la renuncia de un presidente, lo que no resulta fácil ni es un asunto menor.
La misma Constitución, en su Artículo 108, indica qué es lo que puede considerarse como causa grave para la renuncia de un presidente, explica la periodista Surya Palacios, maestra en Derecho, socióloga y especialista en Derecho Constitucional.
“El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, cita el texto constitucional.
“Así que aunque jurídicamente puede ser factible una renuncia, en términos reales es difícil que se prefigure”, indica la especialista.
Además, tendría que ser avalada por el Congreso de la Unión, que es la suma de las dos Cámaras, de diputados y senadores, cuya decisión es inatacable.
Lo cierto es que en México hace justo 101 años que no se vive algo similar. En febrero de 1913, Francisco I. Madero renunció y se designó en su lugar a Pedro Lascurain, entonces secretario de Relaciones Exteriores.
Éste sólo duró en el poder 45 minutos. Después, renunció para que Victoriano Huerta, entonces secretario de Gobernación, asumiera la Presidencia. La desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes de magisterio en Iguala, Guerrero, fue el detonante de la peor crisis que ha enfrentado Enrique Peña en sus casi dos años de gobierno.
¿Qué establece la Constitución?
La renuncia es posible y permitida, siempre y cuando el Congreso de la Unión, mayoritariamente del Partido Revolucionario Institucional, mismo en el que milita el presidente Peña Nieto, lo autorizara. “Porque aquí no se trata de que, hipotéticamente, sea el mandatario quien llegue y diga que ya se quiere ir”, explica Surya Palacios.
Sin embargo, si el algún momento se presentase esa oportunidad, la propia Constitución en su Artículo 84 establece los procedimientos a seguir y contempla la Presidencia de México bajo cuatro figuras:
1.Presidente Constitucional - Es el presidente electo y en funciones durante un periodo de 6 años.
2.Presidente Interino – Si el Presidente falta en los primeros dos años de gobierno, el Congreso nombra a un presidente interino que tendrá la obligación de convocar a elecciones y, quien resulte ganador, tendrá que completar el encargo.
3.Presidente Sustituto – Si la ausencia del Presidente ocurre después de cuatro años de gobierno, el Congreso nombra a un presidente sustituto que terminará el encargo, sin convocar a elecciones.
4.Presidente Provisional – El Presidente en funciones puede pedir licencia para ausentarse de su cargo hasta por 60 días. Esta figura previene la existencia, por ejemplo, de algún problema de salud grave. El Congreso nombra al funcionario que ocupará el cargo de manera provisional, generalmente, el secretario de Gobernación.
