El Senado aprobó el jueves el Proyecto del Senado 1050, de la autoría del senador Nelson Cruz Santiago, para crear la nueva Ley de Armas de Puerto Rico.
Según se informó, el proyecto abarata los costos para obtener la licencia y hace el proceso más expedíto. La medida pasó el cedazo del Alto Cuerpo con 21 votos a favor y 5 en contra.
El Presidente Senatorial Thomas Rivera Schatz cerró el debate de esta pieza legislativa y detalló que esta ha sido discutida y examinada con profundidad, lo que hace que quede claro que “el hecho de procurar que la ciudadanía tenga derecho de portar una arma por ninguna circunstancia incita la violencia. Además, los que no tienen control ni restricciones para tener accesos a las armas de fuego son los criminales”.
Entre los requisitos que incluye esta nueva Ley de Armas para obtener la licencia y portación de armas se encuentra; tener un expediente negativo de antecedentes penales y se utilizará para ello los sistemas disponibles, incluyendo, el Registro Criminal Integrado RCI, National Crime Information Center (NCIC) y el National Instant Criminal Background Check System (NICS).
Además, la pieza estipula más de 8 requisitos que limitan la obtención de la licencia solo para personas que moral, física, mental y criminalmente tengan un récord excelente.
Ya no se necesitará una declaración jurada de tres personas para la obtención y portación de armas, ni el proceso de petición de la licencia de portación de armas ante el tribunal. También se establecerá un término de 10 días para expedir o denegar la licencia de portación, una vez transcurrido ese término, la licencia tendrá que otorgarse automáticamente. La renovación de estas será cada 6 años.
La medida expresa que la actual Ley 404-2000 no concuerda con la situación actual del país, ni con la Jurisprudencia y legislación federal aplicable.
Historias Destacadas
“Puerto Rico atraviesa una crisis de falta de seguridad, existe una escasez grave de policías, se ha visto una reducción de sobre 900 policías en lo que va del año 2018. Entonces mientras se reduce el número de policías en la comunidad, los actos delictivos siguen incrementando, elevando la incidencia criminal. La realidad es que aunque la Ley de Armas actual no evita en lo absoluto el uso de las armas de fuego por los delincuentes, el 92% de los crímenes en Puerto Rico se cometen con armas ilegales. Estos datos indican que la posesión legal de armas tienden a disuadir a los criminales que cometan actos ilegales, ya que reconocen que hay posibilidad que el ciudadano esté armado. Además, que los ciudadanos que se encuentran en estado de peligrosidad ante ataques a su vida, morada, propiedad y negocios, aunque tienen un derecho a autodefenderse es sumamente oneroso y difícil la obtención y portación de armas”, sostuvo el senador Henry Neumann Zayas.
