Cualquier mención sobre un cierre gubernamental lo único que traerá es una devastadora incertidumbre en los mercados financieros y un gran desasosiego en el pueblo, aseguraron el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, la senadora Migdalia Padilla y el representante Waldemar Quiles.
Según dijo Aponte Hernández, el sólo hecho de que oficiales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), así como varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD) hagan mención de un posible cierre de las operaciones gubernamentales, tendrá un efecto detrimental en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento porque esto aumentará la percepción de los inversionistas sobre una de ‘alto riesgo’ y exigirán garantías más estrictas lo que resultará en mayores impuestos a la gente.
“Estamos hablando de una administración que ya no tiene ninguna credibilidad en los mercados. Hace más de cuatro meses que viene hablando de tomar un préstamo usando como fuente de repago la segunda versión del impuesto al barril de petróleo, la crudita como se conoce, y no lo han logrado porque ni tan siquiera pueden presentar los informes financieros del gobierno a tiempo. Ayer, inclusive, un gerente de fondos de cobertura de riesgo (hedge funds) fue claro al decir que los bonistas están exigiendo más controles de gastos y garantías de estabilidad. Con este desacertado anuncio de un posible cierre, el mensaje que se lleva es todo lo contrario. Aquí lo que reina es la inestabilidad y la improvisación. El gobernador Alejandro García Padilla vino a experimentar con Puerto Rico y todos hemos perdido”, comentó el expresidente de la Cámara de Representantes en un comunicado.
Por su parte Quiles, quien es el portavoz de la delegación del PNP en la Comisión cameral de Hacienda, aseguró que con el anuncio, que calificó como un mecanismo de presión política dirigido a cuatro o a cinco legisladores populares, el mercado clasificará la deuda de Puerto Rico a los niveles más bajos de la historia. “En esencia, se hará casi imposible tomar prestado a intereses menores que el 14 por ciento”, dijo.
“El mensaje que esto lleva es devastador. Los bonistas e inversionistas lo único que pensaran es que con el cierre del gobierno, más de 140,000 empleados públicos se quedarán sin cobrar su sueldo. Esto tendrá un efecto dominó en la economía ya que la mayoría de los funcionarios dependen de su salario para el día a día. Varios gobiernos municipales anunciaran, sin duda, que cesarán operaciones ya que reciben la mayor parte de sus remesas del gobierno central. Las escuelas y universidades públicas también tendrán que cerrar sus puertas. Ese es el mensaje que García Padilla y el resto del incompetente equipo económico del gobierno le está llevando a quienes nos prestan”, manifestó Quiles, quien representa los municipios de Utuado, Lares, Adjuntas y Jayuya.
Por otro lado, Padilla, senadora de la Palma por el distrito de Bayamón, cuestionó la necesidad de “chantajear a los legisladores populares nuevamente”.
