Una corte federal de apelaciones anuló el viernes algunas decisiones que obligaban a los extranjeros a presentar pruebas de que habían sido torturados en sus países de origen para demostrar que no podían estar a salvo en alguna otra parte del país del que huyeron.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito dijo que no es responsabilidad ni del peticionario ni del gobierno determinar si es seguro para una persona volver a otra parte del país que no sea el sitio donde ocurrió la tortura.
Un panel expandido de jueces de San Francisco falló a favor del mexicano Roberto Curinsita Maldonado, quien apeló la decisión de la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración en el sentido de que no cumplía los requisitos para recibir un indulto contra la deportación de conformidad con la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura, debido a que no pudo demostrar que no estaría a salvo en ninguna parte de México.
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Un funcionario de asilos de Estados Unidos había encontrado plausibles los alegatos de Maldonado de que había sido torturado por la policía en el estado de Michoacán, en la parte central del país.
Los jueces devolvieron el caso de Maldonado a la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración, un panel administrativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
No quedó claro de inmediato qué tanto repercutirá este fallo en los casos de otras personas que buscan permanecer en el país bajo la convención de Naciones Unidas. Kathryn Mattingly, vocera de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria del Departamento de Justicia, señaló que la agencia no tenía comentario respecto a la decisión.
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Bill Hing, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, dijo que la decisión es potencialmente significativa para los mexicanos que huyen de la violencia del narcotráfico y la corrupción policial, así como para los centroamericanos que escapan de conflictos en su país. Esperar que sean capaces de demostrar que no estarían a salvo en ninguna parte de sus países de origen es pedir demasiado, recalcó.
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"¿Cómo es que alguien puede hacer eso si no ha vivido en cada parte del país?", preguntó.
Dan Kowalski, abogado de Austin, Texas, y editor del Bender's Inmigration Bulletin, un boletín de análisis de leyes migratorias, dijo que la decisión "representa un avance pequeño y técnico, pero importante, en la protección de los solicitantes de cualquier país, pero especialmente para México".
