EL PASO, Texas- El Condado de El Paso y otras organizaciones sin fines de lucro locales, demandaron al estado de Texas tras la promulgación de la ley SB4 que criminaliza la entrada ilegal desde México y permite la expulsión de personas sin mediar proceso judicial.
En la demanda emitida el 19 de diciembre de 2023, se alega que la ley es "evidentemente ilegal" y que "un estado no puede reemplazar el esquema de inmigración del Congreso con el propio".
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Asimismo, el documento dice que se espera que se tomen medidas cautelares declarativas y permanentes ante la situación.
"Los demandantes solicitarán una orden judicial impedir la ejecución de la SB4 antes de la fecha de entrada en vigor de la ley el 5 de marzo de 2024", se lee en la demanda.
Se trata de la ley SB4, aprobada a mediados de noviembre por la legislatura estatal, controlada por los republicanos y promulgada el lunes por el gobernador de Texas, Greg Abott.
La ahora ley, es considerada una de las más estrictas y antiinmigrantes de la historia estadounidense.
La SB4 convierte en delito el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte así en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
Asimismo, la ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial.
Y lo más polémico, es que los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo.
El Condado de El Paso asegura que depende de la confianza pública para hacer cumplir las leyes y apoyar la
residentes más vulnerables del condado por lo que la SB4 frustra directamente los esfuerzos del Condado para brindar estos servicios legales al diluir la confianza que la comunidad.
"Esto hace menos probable que los miembros de la comunidad cooperen con la aplicación de la ley y con el personal del Condado que busca brindarles servicios legales", aseguran.
Los demandantes solicitarán una orden judicial preliminar necesaria para impedir la ejecución de la SB4 en avance de la fecha de entrada en vigor de la ley el 5 de marzo de 2024.
