SAN ANTONIO – La decisión de una corte federal de permitir que ciertas partes de la SB 4 entren en efecto ha generado dudas sobre cómo se está implementando la ley.
La SB 4, aprobada por el gobernador Greg Abbott, requiere la colaboración de autoridades locales con agentes de inmigración, brinda a la policía el derecho a cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio durante una detención rutinaria, y penaliza a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cumplir las leyes migratorias federales.
Este 31 de agosto, un día antes de que la ley entrara en efecto, un juez federal bloqueó algunas cláusulas de la medida, incluyendo la que exige que las autoridades de las cárceles honren todas las peticiones del servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de retener a sospechosos indocumentados.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos dictaminó este lunes que esa parte de la SB 4 puede implementarse por ahora de acuerdo a las prácticas existentes de ICE, aunque no requiere que se aplique en todos los casos.
El Alguacil del Condado de Bexar, Javier Salazar, aseguró que su departamento no ha visto cambios a raíz del fallo.
“La decisión de [este lunes] no afectará nuestros procedimientos actuales. Estamos manteniendo nuestra práctica anterior y actual de honrar las peticiones de detención de ICE que son acompañadas por una orden de arresto”, explicó Salazar.
No obstante, el cambio podría venir después del 6 de noviembre, cuando la misma corte realice una audiencia para determinar si la SB 4 es aplicada en su totalidad o eliminada por completo.
