WASHINGTON - La siguiente fase de la investigación por juicio político del presidente Donald Trump pasó el miércoles al Comité Judicial de la Cámara Baja, con audiencias públicas donde comparecieron profesores de derecho que hablaron sobre los orígenes constitucionales del poder del Congreso en relación al juicio político.
Tres de los abogados fueron escogidos por demócratas, uno por republicanos, y los expertos estuvieron divididos al igual que la comisión, de manera partidista, sobre si Trump cometió un delito punible con juicio político cuando pidió al presidente de Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden.
Los argumentos en torno a la Constitución fueron frecuentemente interrumpidos por peleas partidistas entre los miembros de la comisión.
INTERRUPCIÓN REPUBLICANA
Los republicanos aliados con el presidente usaron la audiencia para forzar una votación de procedimiento y aplazar el proceso, creando un ambiente caótico pese a las nobles referencias a los principios constitucionales hechas por los profesores.
Miembros republicanos interrumpieron al presidente de la comisión, el demócrata Jerrold Nadler, y a los expertos que testificaron, pidiendo más testigos republicanos, un aplazamiento de la audiencia y que se llame a testificar a Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja. Schiff encabezó la investigación sobre los tratos de Trump con Ucrania.
El republicano de mayor rango en el panel, Doug Collins, dijo que el proceso era un “fraude”. Y agregó que la comisión había quedado rezagada porque otros paneles dirigieron la investigación de juicio político.
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DELITOS Y FALTAS GRAVES
Los cuatro profesores de leyes dieron algunas clases de historia durante la audiencia, al hablar sobre los fundadores de la patria y la monarquía británica, de la Convención Constitucional del siglo XVIII y los procesos de juicio político del siglo XX contra los presidentes Richard Nixon y Bill Clinton.
Su testimonio también tuvo un propósito contemporáneo, a la vez que los demócratas trataron de reforzar sus argumentos en favor de un juicio político al invitar a expertos constitucionales independientes para que establezcan que Trump cometió un delito punible con juicio político.
Tres de los testigos dejaron en claro que ellos pensaban que la conducta de Trump cumplía con la definición de abuso de poder que los creadores de la Constitución tenían en mente cuando escribieron sobre la destitución de un mandatario. Dijeron que la interacción del presidente con Ucrania equivalía a delitos y faltas graves, el estándar de juicio político establecido en la Constitución.
“Si de lo que estamos hablando no justifica un juicio político”, dijo Michael Gerhardt, profesor de leyes de la Universidad de Carolina del Norte, “entonces nada lo es”.
El único que estuvo en desacuerdo fue Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, quien dijo que, aunque no era simpatizante de Trump, cree que el caso contra el presidente era legalmente débil y advirtió que podría “derrumbarse” debido a que carece de intención criminal.
EL REPORTE MUELLER
Los demócratas han estado debatiendo sobre incluir un cargo de obstrucción de justicia, conforme a lo establecido en el reporte del fiscal especial Robert Mueller.
Ese informe, divulgado en abril, estableció posibles actos de obstrucción, pero no determinó ni para bien o mal si el presidente había socavado la investigación rusa. Mueller citó las directrices del Departamento de Justicia que indican que un presidente de turno no puede ser acusado de un delito grave. Esencialmente le dejó esa decisión al Congreso.
El miércoles, Nadler dio a entender que él cree que los hallazgos de Mueller deberían ser incluidos, diciendo en su declaración de apertura que Trump tomó “medidas extraordinarias y sin precedentes” para obstruir la investigación del fiscal especial.